Las responsabilidades por las muertes de un agente y un brigadista en las tareas de extinción continúan en el aire pese al tiempo transcurrido
M. VILAPLANA
Triste aniversario. Mañana se cumple un año del incendio que arrasó 700 hectáreas de monte en La Torre, Penàguila y Benifallim y que se cobró la vida de un brigadista y un agente medioambiental durante las tareas de extinción.
Transcurrido todo este tiempo, siguen sin aclararse las responsabilidades ni trascienden los detalles de la investigación. Mañana se cumple justo un año desde que un pavoroso incendio registrado entre los términos municipales de La Torre de les Maçanes, Penàguila y Benifallim arrasara 700 hectáreas de monte y, lo que fue más trágico, se llevara por delante la vida de un brigadista y un agente medioambiental que participaban en las tareas de extinción.
Transcurrido todo este tiempo, nada ha trascendido de las investigaciones llevadas a cabo por el juzgado y la Conselleria de Gobernación para concretar las causas del fatal desenlace, y tampoco se han delimitado las responsabilidades de un suceso que, según los propios implicados, pudo estar propiciado por una forma de atacar las llamas que muchos han calificado de errónea e imprudente. Fue el domingo 12 de agosto de 2012.
El motor de un vehículo que circulaba por el término municipal de La Torre de les Maçanes empezó a arder y, según todos los indicios, ese fue el detonante de un incendio que se extendió rápidamente por un frondoso bosque de pinar adulto en dirección a Penàguila y Benifallim. Las altas temperaturas, la sequedad del terreno y la densidad de la vegetación fueron factores que facilitaron la propagación de las llamas y que el siniestro adquiriera en poco tiempo grandes dimensiones. Hasta el lugar llegaron los medios de extinción, tanto aéreos como terrestres, que empezaron a trabajar para intentar detener las llamas. Fue en la estrecha carretera que enlaza los puertos de Tudons y Benifallim donde se produjo el trágico desenlance. Hacia allí se dirigieron unas 15 personas, entre brigadistas, agentes medioambientales y bomberos. El objetivo era intentar detener en este punto las llamas que avanzaban montaña arriba desde La Torre de les Maçanes, aprovechando precisamente la citada carretera.
El fuego en un principio venía lento, pero según narraron algunos de los que allí estaban, de repente se produjo una especie de deflagración y las llamas les pasaron por encima. El resultado fue nefasto, dado que el agente medioambiental Ernesto Aparicio, vecino de Ibi, falleció en el mismo lugar de los hechos, mientras que el brigadista Emilio Abargues, de la Pobla del Duc, lo hacía después de ser trasladado a un centro sanitario.
En el mismo incidente resultaban heridos de gravedad otros dos brigadistas, que permanecieron varios días ingresados en el hospital para recuperarse de las severas quemaduras sufridas.
Desde un primer momento hubo críticas por el lugar en el que se habían colocado los brigadistas y el método empleado para combatir el fuego. Sin ir más lejos, uno de los heridos, Pedro López, explicaba a este diario poco después del incendio que «lo primero que te enseñan es que no hay que realizar un ataque directo a la cabeza del incendio, como sucedió en este caso», al tiempo que calificaba la zona elegida como «muy insegura, en una pinada y con la vegetación muy seca». De la misma opinión era y continúa siendo el sindicato UGT, que días después acusaba a la empresa Tragsa de estar encubriendo al capataz coordinador que estuvo al frente de las brigadas que se vieron involucradas en el suceso. «Les ordenaron hacer un contrafuego cuando el incendio venía de frente», destacaba Carlos Orbea, delegado de la sección de Tragsa-UGT.
Los reproches, además, se intensificaron a raíz de que la propia empresa decidiera despedir al brigadista Francisco Peralta, que se había mostrado crítico con la intervención llevada a cabo. Esta decisión motivó actos de protesta de sus compañeros y la presentación este pasado mes de julio por parte de la junta de personal del Consorcio de Bomberos de Alicante de un escrito dirigido a la Conselleria de Gobernación, a través del cual reclamaban la readmisión del trabajador. En este mismo escrito, los bomberos también mostraban su disconformidad con la falta de información sobre la investigación que debe esclarecer los motivos que ocasionaron el dramático accidente.
Hay que destacar, en este sentido, que los juzgados de San Vicente tienen abierta una causa por lo sucedido, y también la Inspección de Trabajo está sobre el asunto. Sin embargo, este es el momento en que todavía no ha trascendido nada, y ni mucho menos se han delimitado responsabilidades. El delegado de UGT Carlos Orbea manifestaba que «la justicia está claro que lleva su ritmo, pero la Conselleria de Gobernación dijo que investigaría y tampoco ha informado de nada. Todos, brigadistas y bomberos, queremos un esclarecimiento de los hechos, y que se termine con el miedo que se está intentando imponer, por lo que exigimos también la readmisión del trabajador despedido».
Cabe reseñar, por último, que los dos brigadistas que resultaron heridos se han reincorporado a su trabajo tras recuperarse de las quemaduras, si bien no han querido hacer declaraciones. La Conselleria tampoco, alegando que está en marcha el proceso judicial.
Piden responsabilidades por las muertes en La Torre de les Maçanes
CCOO asegura, un año después del fatídico incendio, que se produjeron errores en la cadena de mandos.
Los brigadistas que trabajaron en la extinción del incendio declarado hace un año en la localidad de Torremanzanas, en la que dos efectivos forestales perdieron la vida, han solicitado que se "diriman responsabilidades" por estos hechos, al considerar que se produjo "un cúmulo de errores en la cadena de mandos".
Así lo ha explicado a Europa Press el secretario general de la sección sindical de CCOO en Tragsa, Juan Francisco Miralles, quien ha resaltado que tras cumplirse este lunes el primer aniversario del inicio de las llamas, "todavía no se ha aclarado nada".
El incendio comenzó el 12 de agosto de 2012 en la partida de Rabosina, en la localidad alicantina de Torremanzanas, y se extendió a terrenos de los términos municipales de Penáguila y Benifallim. El origen del fuego estuvo, según las investigaciones, en la avería de un coche que ardió junto a una zona de masa forestal.
Las llamas se cobraron la vida de un agente medioambiental y la de un brigadista que fueron alcanzados por una llamarada provocada por la explosión de varias bolsas de aire mientras luchaban contra el incendio en una pista forestal.
Miralles ha manifestado este lunes que un año después de los hechos "todavía no se ha aclarado nada", y ha criticado la "lentitud a la hora de pedir responsabilidades y de aclarar" lo sucedido. "Todo se debió a un cúmulo de errores humanos en la cadena de mando", ha opinado, al tiempo que ha incidido en la "necesidad" y el "deseo" de que se "esclarezcan" las circunstancias y que "se diriman responsabilidades".
"TODO SIGUE IGUAL"
El representante sindical ha afirmado que desde entonces "todo sigue igual", así como que no se han tomado medidas adicionales de seguridad. "Los protocolos para este tipo de actuaciones existen, para todo, lo malo es cuando se incumplen", ha añadido. Igualmente, ha asegurado que "no confía en que el tema se aclare rápido".
Finalmente, ha subrayado que la memoria de los fallecidos "no se olvida", y ha indicado que durante los últimos meses se han sucedido acciones de recuerdo hacia ambos. En este sentido, ha apuntado que está en marcha una recogida de firmas para solicitar a Tragsa "mayor transparencia" en cuanto al suministro de información sobre el incendio, y que "facilite el informe" que elaboró en su día al respecto del suceso.
Que la Justicia averigüe lo sucedido y el que sea culpable que lo pague
Las viudas de los dos fallecidos en la extinción del incendio reclaman que se haga justicia cuanto antes y que el que «sea culpable que lo pague». En opinión de Amparo Villar, mujer del brigadista, la actuación en la que murió su marido fue una «imprudencia en mayúsculas».
Transcurrido un año desde la tragedia, las viudas de los dos fallecidos intentan rehacer sus vidas con el amargo recuerdo siempre presente. Amparo Villar, brigadista como su esposo fallecido, lleva adelante a sus dos hijas, una de 4 años y otra de tan sólo 8 meses, puesto que en el momento del suceso estaba embarazada. «He pasado muchas noches sin dormir pensando en lo sucedido y en que nadie se ha responsabilizado de lo que parece claro que fue una negligencia», apunta.
Lamenta que el procedimiento judicial «vaya tan lento» y que desde la Conselleria «no se nos haya informado para nada de las investigaciones». De acuerdo con los testimonios que ha podido recoger en relación al suceso, señala que «no me entra en la cabeza que llevaran a la gente a ese lugar y que se decidiese hacer un contrafuego. Fue una imprudencia en mayúsculas».
Para Amparo, «si el culpable es el coordinador al que todos señalan, no merece ese puesto y debe ser castigado».
Pilar Garrigós, viuda del agente medioambiental, también tiene a su cargo a dos hijos, en esta caso un niño de 14 años y una niña de 11. «Fue un palo muy duro, en especial para los niños, que de un día para otro se quedaron sin padre». Pilar dice no tener queja por parte de la Conselleria, «que con nosotros se ha portado muy bien». Destaca que el proceso judicial avanza lento «porque parece que en San Vicente tienen muchos casos y además ha habido cambio de juez». Con todo, afirma que «confío en que la justicia aclare lo sucedido y que quien sea culpable lo pague».
La tragedia sigue sin aclararse un año después.
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